HAMAIKA HITZ. De abusos policiales e institucionales. Ibai Berrade



La policía autonómica vasca ha provocado un balance de dos heridos muy graves en dos semanas. Ambos, aparentemente, por impactos directos de pelotas de goma en la cabeza. Y ambos disparos fueron realizados, supuestamente, a escasos metros de distancia.

La casuística de ambos casos es distinta. El primero de los casos sucede en un contexto de huelga general. Ésta es, precisamente, la coartada tras la que se esconde la versión oficial. La segunda sucede en una plaza abarrotada de gente y sin vías de huída para los que allí poteaban. No hay que ser licendiado cum laude en astrofísica para calibrar in situ la probabilidad de provocar una catástrofe. La coartada de la versión oficial en este caso es el lanzamiento de botellas hacia las patrullas de la Ertzaintza.

Pero resulta que los testimonios de los testigos presenciales contradicen ambas versiones oficiales. Y resulta también que los detalles del primero de los casos son escalofriantes. Narremos el hecho desproveyendo a los agresores de su autoridad: varios hombres fuertemente armados propinan una paliza a un joven desarmado. Tras la agresión, el joven queda tumbado en el suelo inconsciente y convulsionando. Uno de los agresores se acerca al chaval y, sin inmutarse, sin prestarle ayuda, le introduce en la boca las pegatinas y los pasquines que tras la paliza le habían quitado.

Este hecho, así contado, hace que la primera imagen que surja en nuestro cerebro sea la de un grupo extremista saliendo de caza. Pero no fue así…o quizás sí. Que cada uno saque sus propias conclusiones.

En el segundo caso, los testigos afirman que el lanzamiento de botellas es posterior a la carga policial. Que no se me malinterprete, no justifico dicho lanzamiento. El hecho es, según testigos, que a las mentes preclaras de la Ertzaintza se les ocurrió que la mejor manera de parar una pelea entre dos personas ( repito, según los testigos fueron dos personas) era cargar con pelotas de goma en una pequeña plaza semicerrada repleta de gente. Pues bien, el resultado de tan responsable decisión es un joven de 28 años en coma con la cabeza reventada.

Dice la Ertzaintza que se ha abierto una investigación para determinar si el joven se encuentra así por un impacto de pelota de goma o si es uno de los implicados en la pelea, y por ende, su estado es consecuencia de un golpe recibido en el transcurso de la misma. Señores investigadores, no se coman mucho el tarro, no hay que ser Hércules Poirot. Los datos de este escrito están extraídos de los periódicos. Sólo tiene que hablar con ellos y contrastar versiones, aunque supongo que eso ya lo saben ustedes.

El problema, de todos modos, es bastante más grave. Si la raíz del problema fuera que las pruebas psicológicas de la Ertzaintza han quedado obsoletas y que violentos descontrolados encuentran en el cuerpo una coartada tras la que esconder y justificar sus macabros instintos, bastaría con depurar responsabilidades, expulsarlos de la policía y llevarlos a juicio. Y ese es precisamente el verdadero problema: que las instituciones no han actuado ni, espero equivocarme, actuarán.

Y así, con el beneplácito de Interior y la condescendencia de Justicia, la violencia se institucionaliza. Los hechos dejan de  ser  abusos policiales para convertirse en  abusos institucionales. Y un abuso institucional, por definición, roba al ciudadano los recursos con los que poder defenderse. La balanza de la justicia queda desequilibrada no con pruebas, sino con el peso inequiparable de un corporativismo abyecto que roza lo corrupto.

El mensaje que se manda a la ciudadanía es  que se actuará diligentemente contra cualquier abuso, siempre que éste no haya sido realizado por alguna pieza mal engrasada del sistema. Paralelamente, se abre la puerta de entrada a sociópatas que encontrarán tras la certeza de la impunidad la válvula de escape de sus propios complejos, la “patente de corso” para usar la fuerza a su antojo.

Ostentar el monopolio de la fuerza  exige administrarlo con el máximo rigor y responsabilidad. Y eso no sólo compete a los agentes de manera individual y a la policía como órgano. También es competencia de las Consejerías, pues ellas son las garantes, en última instancia, de los derechos y la seguridad de los ciudadanos.

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